ONU da 60 días al gobierno de Dina Boluarte para informar sobre las muertes ocurridas durante las manifestaciones
Policías antimotines hacen guardia a la entrada de la universidad de San Marcos University que alberga a las personas que viajaron a la capital peruana desde otras partes del país para unirse a las protestas contra el gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte' y el Congreso en Lima, Perú, el viernes 20 de enero de 2023. Las protestas buscan un adelanto electoral inmediato, la renuncia de Boluarte, la liberación del presidente destituido Pedro Castillo y justicia por los al menos 48 manifestantes muertos en enfrentamientos con la policía. Recuperado de: AP Foto/Martín Mejía
Recuperado de: Infobae
Escrito por: Carlos Oré Arroyo
El documento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos expresa su preocupación por el trato del Estado hacia sus ciudadanos.
El pasado 7 de diciembre inició una nuevo capítulo de la crisis política peruana que, lamentablemente, cobró la vida de 60 ciudadanos y que ha llamado la atención de la Organización de las Naciones Unidas. A través de un informe ha dado a conocer que se ha reunido información en torno a la muerte de protestantes y el accionar de las fuerzas del orden. Ante ello ha dado un plazo al gobierno para que este brinde mayor información.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos utilizó los datos recopilados por la Defensoría del Pueblo en torno a las víctimas y heridos de las protestas. Asimismo, mencionan que han sido informados de que “los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias de manifestantes; así como se reportan torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes de personas detenidas en las comisarías o bajo algún tipo de custodia”.
Los informes de autopsia y análisis forense de los fallecidos en Puno sirvió a la entidad para conocer que estos habría muerto por heridas de bala. El texto hace mención a la muerte de seis ciudadanos en los que “se habrían detectado restos de municiones de fusil AKM”. En torno a las detenciones arbitrarias, se mencionó la intervención de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).
Un informe de La República señala que la ONU señala que se reportó que la “respuesta policial y militar operativa ante las protestas viene acompañada de un discurso oficial que señala estar ‘en guerra’ y que califica a las personas que protestan como ‘enemigos’ o terroristas’, lo que ha servido para justificar un actuar ofensivo por parte de las Fuerzas Armadas”. Ante esto, la entidad ha expresado su profunda preocupación.
