10/27/2021

La polémica detrás de las expulsiones masivas de inmigrantes en Chile

En la última semana se conoció que el Gobierno de Sebastián Piñera firmó un convenio con la aerolínea SKY para deportar 2.700 migrantes durante este año.

La imagen de decenas de migrantes con overoles blancos y en estrictas filas camino a un avión de la Fuerza Aérea de Chile empezó a causar polémica desde principios del mes de febrero, cuando se llevó a cabo la primera expulsión masiva de migrantes en la que 86 extranjeros, provenientes de Colombia y Venezuela, fueron embarcados en un vuelo de vuelta a sus países.

Más de cuatro meses después, las autoridades chilenas ya han expulsado, bajo esta modalidad, a más de 400 inmigrantes, en medio de las críticas de organismos internacionales como ACNUR y de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes que califican como arbitrario este mecanismo.

Desde finales de febrero el Ministerio del Interior de Chile anticipó que estaba en un proceso de licitación para que los inmigrantes que fueran deportados, por vía administrativa, lo hicieran en vuelos privados y no de la Fuerza Aérea, una opción que se había tomado debido a la pandemia y a las restricciones de las operaciones aéreas durante el 2020.

Lucrativo negocio de expulsión

En los últimos días se revelaron los detalles de este convenio firmado entre el Gobierno chileno y la aerolínea SKY para realizar al menos 15 vuelos con hasta 180 pasajeros a bordo. Esto, con el fin de concretar la expulsión de cerca de 2.700 migrantes durante este año, con lo que compañía recibirá más de 750 dólares por cada extranjero expulsado en un contrato que supera los 2 millones de dólares.

Para Macarena Rodríguez, presidenta del Directorio del Servicio Jesuita de Migrantes, estas cifras reflejan un objetivo perverso de haber transformado el proceso de control migratorio en una carrera por cumplir las metas de expulsiones trazadas por el Gobierno de Sebastián Piñera.

“El contrato hay que ejecutarlo y por tanto las expulsiones hay que hacerlas. En el fondo lo importante pasa a ser cumplir con ellas y no el cumplir con el análisis de cada situación individual. ¿Es realmente esto prioritario, con las necesidades que tiene el país en pandemia, destinar estos fondos a una expulsión?”, cuestiona Rodríguez en diálogo con la Agencia Anadolu.

Sin embargo, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, explicó al diario La Tercera que no fue una decisión económica sino un mecanismo apegado a la ley. “Porque radica en la necesidad de hacer tutela y cumplir con el mandato legal de llevar adelante expulsiones cuando se vulneran gravemente las normas migratorias o cuando lo han dispuesto los tribunales de justicia en virtud de sustituir la pena privativa de libertad por una pena de expulsión”, señaló Galli.

 

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