Demandan al ministro del Interior y al jefe de la Policía de Perú tras la irrupción en una universidad de Lima

El ministro del Interior de Perú, Vicente Romero Fernández. Manuel Medir / Gettyimages.ru

El operativo se saldó con la detención «arbitraria» de al menos a 205 personas.

 

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) de Perú interpuso este domingo un recurso contra el ministro del Interior del país, Vicente Romero, y el comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro Alvarado, tras el operativo en las instalaciones de la Universidad de San Marcos en Lima (UNMSM).

Dos abogados miembros de la organización presentaron una demanda de ‘habeas corpus’, alegando «arbitrariedad» en las detenciones de este sábado en el campus de la principal universidad de la capital.

La Policía irrumpió en las instalaciones de la UNMSM empleando tanquetas para desalojar a los manifestantes que se hallaban en el establecimiento desde hace cuatro días para respaldar las protestas contra el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte. El operativo se saldó con la detención de al menos a 205 personasrecogen medios locales.

Durante la intervención se registraron videos que revelan el maltrato de las fuerzas del orden hacia las personas que ya estaban reducidas. Un video que circula en las redes sociales muestra a una mujer policía humillando a una ciudadana que yacía en el suelo.

Además, desde la CNDDHH han denunciado que «no están garantizados los derechos procesales de las personas intervenidas ni condiciones mínimas para su integridad física y emocional», señalando que no han tenido acceso a sus abogados.

Por su parte, desde la misión en Perú de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han hecho un llamado a las autoridades del país para garantizar la «legalidad y proporcionalidad» de la intervención.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su «preocupación» por la «incursión policial, desalojo y detenciones masivas» en la UNMSM y ha instado al Estado a «rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad y debido proceso de todas las personas».

La Defensoría del Pueblo, a su vez, pidió que no se afecte la integridad de mujeres detenidas. «En el caso de mujeres detenidas las revisiones no deben afectar su integridad e incolumidad corporal (desnudos, tocamientos)», manifestó.

FUENTE: RT

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