10/28/2021

Corrupción, confinamiento y violencia policial provocan indignación en Chipre

La crisis sanitaria, las perspectivas económicas nefastas y los escándalos de corrupción han generado en Chipre una sensación de «frustración generalizada» que ha desencadenado manifestaciones masivas y hasta un episodio de represión policial inusual en la isla mediterránea.

«El clima es bastante explosivo (…) mucha gente ya no confía en el Estado», declaró el abogado Achilleas Demetriades, defensor de los derechos humanos, tras el despliegue el 13 de febrero de policías antidisturbios y de un cañón de agua para dispersar a los manifestantes congregados en la capital, Nicosia.

La pandemia de covid-19 ha tenido un efecto devastador en la economía de esta isla turística y, según Anastasia Demetriadou, una música de 25 años, la falta de apoyo del gobierno hizo que algunos tuvieran que elegir entre «pagar las facturas o alimentarse».

La joven se ha convertido en un símbolo después de casi perder parcialmente la vista durante la manifestación.

La represión de ese día avivó la ira de los chipriotas, hartos de meses de confinamiento y del escándalo por los «pasaportes de oro» expedidos a miles de inversores extranjeros, un programa sospechoso de haber favorecido la corrupción y el blanqueo de dinero.

Manifestación contra la corrupción y el sistema "pasaporte de oro" el 20 de febrero de 2021 en Nicosia© Iakovos Hatzistavrou Manifestación contra la corrupción y el sistema «pasaporte de oro» el 20 de febrero de 2021 en Nicosia

Este dispositivo -un pasaporte a cambio de una inversión de 2,5 millones de euros (3 millones de dólares) en la isla-, criticado por la Unión Europea, de la que la República de Chipre forma parte, fue suprimido en noviembre a raíz de una investigación de Al-Jazeera sobre presuntos abusos que forzaron la dimisión del presidente del Parlamento, Demetris Syllouris.

Manifestación en Nicosia el 20 de febrero de 2021© Christina ASSI Manifestación en Nicosia el 20 de febrero de 2021

La televisión catarí transmitió imágenes en las que se veía a funcionarios, entre ellos Syllouris, supuestamente intentando ayudar a obtener un pasaporte chipriota a un empresario ficticio que presuntamente tenía antecedentes penales.

El diario Phileleftheros afirma que el expresidente del Parlamento cobró 100.000 euros (121.500 dólares) en concepto de indemnización, con una pensión mensual de 5.000 euros (6.000 dólares) y una partida para gastos.

Para colmo la poderosa Iglesia ortodoxa demolió sin autorización cuatro edificios catalogados cerca de la nueva catedral en el centro histórico de Nicosia.

– «Inaceptable» –

«Hay tanta corrupción en Chipre (…) los votantes ya no van a las urnas porque ya no confían en el gobierno», lamenta Anastasia Demetriadou.

A pesar de la presencia de niños y de personas en silla de ruedas en la manifestación del día 13, que reunió a cientos de personas pese a las restricciones, los policías sacaron las porras y el cañón de agua, que primero dirigieron hacia los pies de la música y después a su cabeza.

Se desconoce todavía cómo evolucionará el ojo pero ella tiene claro que quiere llevar a la policía a los tribunales.

Preguntados por la AFP, la policía y el ministerio de Justicia no quisieron hacer comentarios. Hay una investigación en curso.

El abogado Achilleas Demetriades dice que nunca ha visto esta represión en tres décadas. «Hubo un uso de la fuerza desproporcionado e injustificado», considera.

La respuesta de los chipriotas fue proporcionada: la semana siguiente, unas 5.000 personas protestaron pacíficamente en Nicosia, en lo que fue una de las manifestaciones más multitudinarias de los últimos años, constataron periodistas de la AFP.

La policía se mantuvo a distancia y no se vieron cañones de agua ni equipos antidisturbios.

La mayoría de los manifestantes llevaban mascarilla y los organizadores les pidieron que se mantuvieran alejados unos de otros.

Chipre, con menos de 900.000 habitantes, ha registrado unos 33.400 casos de covid-19, incluidas 230 muertes. La detección ha sido masiva pero la campaña de vacunación está siendo lenta por los retrasos en el suministro en la Unión Europea.

«Estoy muy enfadada con la falta de transparencia del gobierno», declaró en la segunda manifestación María, una profesora de 54 años, cuyo hijo fue detenido en la primera. «Se salen con la suya con total impunidad (…). Se supone que somos un país de la UE, es absolutamente inaceptable».

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AFP

 

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