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Próximo África Vídeos Fotos El caso Assange llega al epicentro: ¿es un juicio político?

Edward Fitzgerald, abogado de Julian Assange ante la demanda de extradición cursada por un juzgado de Estados Unidos, ha pedido a la magistrada, Vanessa Baraitser, que rechace la petición porque los cargos que se presentan contra el patrón de Wikileaks son políticos y como tales están excluidos de los tratados de extradición entre países y específicamente en el Artículo 4 del firmado en 2003 entre Londres y Washington.

Edward Fitzgerald, abogado de Julian Assange ante la demanda de extradición cursada por un juzgado de Estados Unidos, ha pedido a la magistrada, Vanessa Baraitser, que rechace la petición porque los cargos que se presentan contra el patrón de Wikileaks son políticos y como tales están excluidos de los tratados de extradición entre países y específicamente en el Artículo 4 del firmado en 2003 entre Londres y Washington.

Estados Unidos exige que se le extradite según la ley británica, sin la protección que le daría su Tratado con Londres

Edward Fitzgerald, abogado de Julian Assange ante la demanda de extradición cursada por un juzgado de Estados Unidos, ha pedido a la magistrada, Vanessa Baraitser, que rechace la petición porque los cargos que se presentan contra el patrón de Wikileaks son políticos y como tales están excluidos de los tratados de extradición entre países y específicamente en el Artículo 4 del firmado en 2003 entre Londres y Washington.

Esa perspectiva es compartida por directores de grandes medios de Estados Unidos, desde el Wall Street Journal hasta el USA Today, por la Federación Internacional de Periodistas, por Amnistía Internacional, entre otros. Comparten el criterio de que no debe procesarse a periodistas por la publicación de documentos que probarían crímenes de guerra o acciones presuntamente delictivas de agentes del Estado.

El abogado que representa la demanda del tribunal de Virginia Este, en Washington, planteó este miércoles una cuestión técnica, que eludiría el argumento de fondo. Para James Lewis la defensa de Assange pretende evitar la extradición citando el Tratado de Extradición entre Reino Unido y Estados Unidos, que descarta el procesamiento de un acusado por «un delito político», pero ese tratado no daría derechos a Assange.

Para Lewis, la ley británica de extradición, de 2003, rige este procedimiento y en esa larga ley no consta ninguna protección por «delito político». La magistrada Baraitser preguntó a los abogados si ella debe basarse para su juicio solamente en la ley doméstica. Fue una cuestión que pareció adivinar una respuesta positiva. Fitzgerald le repuso, sin embargo, que debe tener en cuenta la ley doméstica e internacional, so pena de cometer un abuso de procedimiento.

Relaciones

Los elogios del presidente Donald Trump a Wikileaks durante su campaña electoral se han convertido ahora en un afán de condenar a Assange a 175 años de cárcel. Su interferencia con la administración de Justicia es ya notoria, mientras que los tribunales británicos de más alto rango han sido criticados por políticos y medios conservadores en los últimos meses, tras diversas decisiones sobre el ‘brexit’ que perjudicaron al Gobierno.

La sesión de este miércoles ha expuesto las ideas que tintarán el avance del juicio y quizás las relaciones entre Londres y Washington en los próximos meses. La cuestión que divide a las partes sobre la naturaleza política de las publicaciones de Wikileaks o su descarte por cuestiones técnicas puede justificar recursos a instancias superiores británicas y terminar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Las medidas de seguridad aplicadas a Assange por los funcionarios de la cárcel de Belmarsh, contigua al juzgado, parecen excesivas (cacheos desnudo, esposado once veces, cinco movimientos de celda,…). Incluye restricciones para comunicarse con sus abogados desde la cabina acristalada desde la que asiste al juicio, acompañado por dos guardias. La juez aceptó que Fitzgerald presente argumentos este jueves en favor de que se permita a Assange sentarse junto a sus defensores legales.

Fuente: hoy.es

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